A- de 2022

Conflicto de competencia suscitado entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el juez Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de la misma ciudad.

Encontró la Corte que el presente asunto solo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que el primer despacho aplicó las reglas de reparto previstas por el Decreto 333 de 2021 para declarar su falta de competencia, a pesar de que la Corporación ha reiterado que las reglas previstas en dicho instrumento jurídico y en general, las reglas de reparto, no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia o declarar la incompetencia de otra autoridad judicial.

Así mismo, dicha autoridad fundó su decisión en un razonamiento sobre las entidades que eventualmente podían ser o no vinculadas al proceso, pese a que la acción de tutela estaba dirigida exclusivamente en contra de la Dirección Regional Oriente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Departamento de Policía de Santander.

Este proceder no es ajustado a la jurisprudencia constitucional en materia de competencia, en tanto la facultad para conocer de la acción de tutela no puede determinarse a partir de interpretaciones sobre la relación de las autoridades vinculadas con el objeto de la misma.

Además, la alteración de la competencia, en el momento procesal en el que se encontraba la solicitud de amparo desconoció el principio de la perpetuatio jurisdictionis y afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales del accionante.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente al Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Circuito de Bucaramanga, para que prosiga con el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar.

Se advierte a esta autoridad que, en lo sucesivo, se abstenga de decretar la nulidad de lo actuado con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, para no incurrir en actuaciones que constituyan barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar, así, el goce efectivo de los derechos fundamentales.